El juez español Baltasar Garzón abandonó su puesto en la Audiencia Nacional después de que el viernes el órgano de control de los jueces decidiera suspenderlo cautelarmente debido al proceso por prevaricación que se abrió en su contra por investigar los crímenes del franquismo.

La primera consecuencia legal directa de esta decisión sería que el titular del juzgado número 5 de la Audiencia no podría irse en comisión de servicios especiales al Tribunal Penal Internacional, como había solicitado esta semana, dijeron fuentes judiciales.

Sin embargo, se convocó para más tarde el viernes a la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que estudie la documentación presentada por el juez y si pueden concederle su partida, en calidad de asesor e investigador de crímenes masivos, dijeron fuentes del órgano de control.

"El pleno ha acordado por unanimidad hacer efectiva la suspensión cautelar de sus funciones, que viene determinada por la resolución dictada por el Tribunal Supremo de la apertura de juicio contra el referido magistrado", dijo la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, a la prensa.

De esta forma, el órgano de control de los jueces apartó a Garzón de un puesto en el que lleva más de 20 años a raíz de que el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela ordenó esta semana la apertura de un juicio oral por investigar los crímenes del franquismo a sabiendas de que no tenía competencia para hacerlo.

La decisión sorprendió trabajando al magistrado, que poco después de las 2 de la tarde (hora local) abandonó sonriente la Audiencia Nacional entre los aplausos del personal del tribunal.

"Lo afronto con tranquilidad, con la tranquilidad que da saber que se es inocente de aquello que se me acusa", dijo Garzón el jueves ante una decisión que se esperaba, puesto que es el procedimiento habitual en estos casos.

La demanda, planteada por el sindicato Manos Limpias y por Falange Española, que posteriormente fue apartada por defectos de forma en su escrito de acusación, dice que el juez abrió diligencias contra personas fallecidas -entre ellas el dictador Francisco Franco- sobre delitos que habían prescrito o estaban amnistiados por una ley de 1977.

La decisión, tomada en contra de la opinión de la fiscalía, desató protestas en la sociedad española y llegó también al extranjero, donde se han sucedido los apoyos a un juez que logró notoriedad internacional por intentar sentar en el banquillo al ex dictador chileno Augusto Pinochet.

Además de la causa del franquismo, Garzón tiene abiertas otras dos en el Tribunal Supremo: una por los ingresos que percibió del Santander durante una estancia docente en Nueva York y otra por ordenar escuchar las conversaciones entre los abogados de la trama de corrupción Gürtel y sus clientes encarcelados.

La decisión del viernes ha sido vista en los ámbitos progresistas como un triunfo de la ultraderecha, cuyos crímenes trataba de investigar Garzón, un juez que ha instruido numerosas causas de terrorismo y crímenes contra la humanidad en España.

"De forma definitiva no sabremos hasta esta tarde si el juez puede no incorporarse o incorporarse a esa plaza del Tribunal Penal Internacional; la extrema derecha, de manos sucias, y los corruptos de la trama Gürtel (caso de corrupción) han conseguido su objetivo", dijo el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.

A la pregunta de un periodista internacional sobre si la Justicia española iba a verse desprestigiada, la portavoz del CGPJ dijo: "El consejo respeta las discrepancias pero le puedo asegurar que en España tenemos un sistema judicial garantista, que nuestro Tribunal Supremo ha dado muestras evidentes (de ello)".