By Daniel Higa Alquicira | October 5, 2012 4:43 PM CDT

El asesinato de un Moreira

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Daniel Higa Alquicira.- El asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez, ocurrido el pasado miércoles en las inmediaciones de Ciudad Acuña, Coahuila, es uno más de las tantos que ocurren a diario en casi todo el territorio nacional; sin embargo, este atentado toca las fibras más sensibles del poder político nacional.

Se desempeñaba como funcionario público federal al coordinar programas de desarrollo social en Ciudad Acuña. Su vida -personal y profesional- al parecer no tenía los arranques típicos de los hijos de políticos ricos y caprichosos y tampoco se vincula su asesinato por cuentas pendientes que tuviera con el crimen organizado.

Sin embrago, es evidente que el acto fue perpetrado por el crimen organizado. Que su ejecución fue hecha por profesionales y que con su muerte se intentan mandar un mensaje a la familia Moreira, que se ha caracterizado por ostentar el poder político y económico del estado de Coahuila desde hace varios años.

Según algunos medios difundieron el rumor que la muerte de José Eduardo Moreira pudo ser en venganza por la muerte de un "sobrino" de "El Z 40" -decían-, que fue abatido en días recientes por las fuerzas federales en un enfrentamiento.

Lo cierto es que la PGR, SEDENA, gente de la Secretaría de Gobernación y el propio Presidente Calderón, están al tanto de las investigaciones para "castigar con todo el peso de la ley a los responsables", que son las palabras de aliento que siempre pronuncian las autoridades federales cada vez que suceden hechos como este.

Más allá de lo trágico que resulta la pérdida de un ser querido en estas circunstancias, sin importar el apellido que lleve, el caso de José Eduardo Moreira lleva consigo un ingrediente de alerta extra, ya que pone de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentra la sociedad mexicana.

Siendo hijo del ex gobernador de Coahuila, sobrino del gobernador, operador del gobierno federal y miembro de las familias más ricas de esa entidad, José Eduardo fue asesinado y su cuerpo abandonado sin importar para sus asesinos el abolengo familiar y el peso político y económico que representa.

Pero para desgracia de todos los demás mexicanos que han pasado por casos similares, en los altos rangos de la política mexicana el apellido del joven asesinado sí importa y pesa, por lo que no se van a escuchar palabras como "era miembro del crimen organizado" o "fue un ajuste de cuentas entre bandas rivales", como ha sucedido tantas veces por parte del Presidente y de su gente cercana, que siguen creyendo que todos los muertos son criminales o que se merecían eso por tener vínculos con el crimen organizado.

Sin duda esto es un duro golpe emocional para la familia Moreira y un tremendo puntapié para el gobierno de Rubén Moreira, que se va a encontrar con la encrucijada de tener que luchar a toda costa contra el crimen organizado a favor de la seguridad de sus ciudadanos o tendrá que parar y modificar su estrategia de seguridad en aras de garantizar tranquilidad a su familia.

Al parecer, ya llegó la hora para la clase política de que se enfrenten y  modifiquen la estrategia que siguió el gobierno de Calderón y estructurar nuevas medidas más eficaces y seguras para continuar luchando contra el crimen organizado.

Ya le pasó a Diego Fernández de Cevallos con su tan polémico secuestro, luego fue el asesinato de Jesús Silverio Cavazos, ex gobernador de Colima, ahora les tocó a los Moreira y aunque siguen creyendo que los ricos y los políticos son intocables, ya se empieza a demostrar que son tan vulnerables como cualquier otro ciudadano común y corriente cuando el crimen organizado se propone atacarlos. Si eso le pasa a ellos, que nos espera a nosotros -como dirían las abuelitas- ¡que Dios nos agarre confesados..!

 

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