El fraude electoral se fundó con el propio sistema político mexicano, una vez que se rutinizaron las primeras prácticas políticas del recién formado PMR [antecesor del PRI], su prueba de fuego fue en la elección de 1940, en la competencia política entre el candidato de Lázaro Cárdenas, del propio partido oficial, y el del PAN, Juan Andrew Almazán, disputaron una violenta y cruda elección, en donde se impuso el candidato Manuel Ávila Camacho. Los números de la jornada electoral de aquel año arrojaron 93.9% [2,476,6412 de votos] para Ávila Camacho mientras que tan sólo 5.7% [151,101 votos] para Andrew Almazán. En todo momento la oposicón acusó la compra de votos, cooptación, acarreo a favor del candidato oficial. Se refundó el modelo pernicioso de operación política en México, su principal implementador, el partido en el gobierno posrevolucionario, su mentor inmediato y referente indiscutible, el porfiriato.

Posterior a 1940, el PRI ganó 9 elecciones presidenciales de forma consecutiva. En la mayoría de ellas, al menos hasta 1994, el fraude electoral se practicó de forma abierta y sistemática. Frases como "ratón loco", "urna embarazada", "tamal envuelto", "carrusel", "uña negra" y "los  muertos también votan" se incrustraron en relicario mexicano de conceptos y frases desafortunadas.

Fueron los años de hegemonía partidista, si bien el PRI personificó varias etapas organizativas, primero fue un partido de Estado [1934-1964] después un partido hegémonico [1964-1988], para convertirse en un partido dominante [1988-2000], en las tres etapas, el partido funcionaba como uno de los principales ejes articuladores del sistema político mexicano. Además de ser el ente en donde las élites políticas dirimián el conficto para el acceso al poder presiencial, el PRI de forma dominante y sin competencia alguna, postulaba gobernadores, senadores y diputados, aportaba cuadros para la administración pública federal, incorporaba demandas políticas y sociales a través de sus sectores corporativos, construía y materialzaba, a su entender, los postulados revolucionarios de 1910.

Durante todos esos años el partido se convirtió en una maquinaria política que garantizaba triunfos electorales, legitimidad a sus gobiernos y control político en todas las esferas del sistema. Sin embargo, para garantizar los triunfos, siempre utilizó como espíritu de su propia estrategia dos armas: la coacción del voto y el fraude. Ambas herramientas fueron cucupiscentes al pecado original del PRI, el de 1940. Si bien el partido oficial no hacía fraude y acarreaba votantes por un temor a perder las elecciones, ya que la competencia partidista era mínima, estaba controlada y en muchas ocasiones tutelada por el propio PRI, la intención de realizar prácticas perniciosas estaba basada en obtener una especie de legitimidad plástica, que le permitiera tener altos índices de participación simulada.

La fractura causada al sistema político en 1968 por los estudiantes universitarios fue calcificada por el propio priísmo con una permisiva reforma electoral nueve años más adelante, en 1977. Dicha reforma trajo consigo el inicipiente estreno de la competitividad del sistema electoral. Se iniciaría una paulatina y direccionada apertura política en México. La época del reformismo arribaba como una válvula de escape que los priístas utilizarían en épocas donde la incertidumbre y el desgaste de la legitimidad obtenida por el fraude electoral y la coacción del voto no daban resultados. El año de 1998 fue nuevamente una prueba no superada, las prácticas se evidenciaron más, aunque fueron más sofisticadas. El PRI mostró esclerosis ante la competencia, se requirió del fraude y de la coacción del voto nuevamente para ganar con contundencia. Una elección accidentada en lo procedimental, pero que posterior a ella, con la intención de sanar las heridas y conceder migajas democráticas, se reformó nuevamente la ley electoral.

Así, en el sexenio de 1988-1994 de Carlos Salinas se realizaron tres importantes reformas electorales [1989-1990, 1993 y 1994]; en la primera se crea el Instituto Electoral Federal, aún sin autonomía y teniendo como titular al Secretario de Gobernación; en la segunda se amplía la representatividad del senado a 128 escaños, se avanza en el modelo público de financiamiento a los partidos y desaparece la figura de auto calificación de la elección por los propios diputados y senadores y por último la de 1994 da pie al proceso de autonomía del IFE, aparece la credencial electoral tal y como ahora la conocemos así como el uso de la tinta indeleble para garantizar un solo sufragio por persona. La elección de 1994 resultó un gran avance para el sistema electoral mexicano. Luego de ella vino la última gran reforma electoral que solidificaría el proceso de transición, la de 1996. Con un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) robusto, un Instituto Electoral ciudadanizado y autónomo, una regulación amplia que permitía condiciones competitivas, plurales y transparentes para todos los partidos, se inauguró la democracia procedimental [elecciones limpias] en México. El blindaje de la jornada electoral agotó uno de los males del sistema político mexicano que el PRI fecundó, permitió y practicó por muchos años: el fraude. Se olvidaba tajantemente la otra herramienta perniciosa con la que operaba el PRI del viejo sistema político: la coacción del voto.

En el año 2000 estuvieron a prueba las nuevas instituciones. La jornada electoral, momento cúspide del proceso, transitó sin sobresaltos mayores. Se instalaron el 99.6% de las casillas, los votos fueron contados por los ciudadanos evitando cualquier tentación de regresar a las mañas del fraude. Al final, la alternancia se consumó, el PAN y su candidato Vicente Fox, obtendrían el triunfo de forma contundente y con una alta dosis de legitimidad, esa que sólo la otorgan los votos. Fueron años de certeza electoral, el IFE era una de las instituciones con más prestigio dentro de los mexicanos, sin embargo, la luna de miel duraría tan solo 6 años, pues en 2006, el IFE y la regulación electoral mostraron deficiencias importantes. La mancha del fraude electoral nuevamente apareció.

Sin comprobarse tácitamente, se habló de un mal uso del padrón electoral, errores en el conteo de los votos, en el llenado de las actas de escrutinio versus las mantas que se pegan en los domicilios; el acceso y uso de la televisión para difamar y denostar candidatos fue una constante que perjudicó la certeza de la propia contienda; se documentaron injerencias en el proceso electoral de forma deliberada a favor del candidato del partido del entonces presidente de la República, Vicente Fox. La elección fue una prueba durísima para las recién estrenadas instituciones democráticas. Quizá el momento más soso, lo cometió la propia autoridad electoral, al brindar elementos que potenciaron y permitieron construir en el colectivo la idea del fraude. Una omisión garrafal del Consejero Presidente, Luis Carlos Ugalde, al no dar los resultados del conteo rápido la noche de la elección alegando que la diferencia era mínima entre el primero y segundo lugar, lo cuál era cierto, pero no por ello justificable, sembró desconfianza absoluta en el proceso posterior, el del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y luego el cómputo distrital.

Andrés Manuel López Obrador, el candidato perdedor impugnó la elección ante el Tribunal Electoral, sin embargo ni él ni su coalición pudieron aportar a cabalidad los elementos para lograr dicha procedencia y en medio de un connato de rispidez político social, el Tribunal declaró la validez de la elección y por ende presidente de la República a Felipe Calderón. Sin embargo, nuevamente y gracias a ese escenario de confrontación, que para muchos resultó costoso para la izquierda mexicana, se detonó una nueva agenda de temas que tenían que ser tratados en la normatividad electoral. En 2007-2008 se reformó la Ley Electoral regulando y dando certeza a las zonas de incertidumbre que se habían tenido en la elección pasada. Principalmente se introdujeron cambios en el conteo de votos distrital es mandatando que cuando las diferencia entre el primer y segundo lugar fuera menor a un punto porcentual, se tenían que recontar los votos para dar certeza absoluta en competencias muy cerradas como había sido el caso de 2006, también se robusteció al IFE para que pudiera administrar el acceso gratuito y equitativo de los partidos políticos a radio y televisión con el objetivo de difundir mensajes publicitarios a la ciudadanía. La esencia de la reforma de 2007-2008 fue contrarrestar los fallos y/o huecos legales mostrados en competencias cuyo margen de diferencia es muy pequeño. Nuevamente se trabajó en eliminar cualquier posibilidad que permitiera la sospecha del fraude. Los resultados se evaluarían en la siguiente elección, sin embargo otra vez se descuidaba el tema de la coacción de voto asociado al gasto en campañas y la normatividad que regule la operación política de los partidos el día de la jornada electoral.

En 2012 las condiciones electorales fueron otras, nuevamente el IFE organizó minuciosamente el proceso electoral. Con el apoyo de miles de ciudadanos se construyó una jornada electoral omniabarcante, participativa y sobre todo pulcra.  La garantía de que las elecciones las organizan, vigilan y cuentan los ciudadanos, así como la posibilidad para que en cada día de los más de 250 que dura todo el proceso electoral en México, los representantes de los partidos supervisen el trabajo de la autoridad electoral en todos los niveles, federal, estatal, local y distrital exorciza cualquier posibilidad de fraude electoral.

Como un destino ineludible y fatal que persigue al país, nuevamente la elección de 2012 presentó complicaciones. Esta vez no fue un fraude consumado como en la década de los ochentas, tampoco un supuesto error en el conteo de los votos por parte de los ciudadanos, mucho menos un problema con el PREP y el conteo rápido, ambos cumplieron su función tal y para la cual están diseñados. En esta ocasión no hubo omisiones del Consejero Presidente ni tampoco sembró la duda una diferencia mínima entre el primero y segundo lugar como en 2006, ya que ahora se abrieron y volvieron a contar, voto por voto, más de 200 mil paquetes electoral, lo que representa más del 50% de toda la elección. El problema de la elección, señalado por los partidos derrotados, fue el de la coacción del voto. Los partidos derrotados acusan al PRI de haber coaccionado y comprado el voto a través de la entrega tarjetas de prepago que se pueden canjear en un supermercado. También se le imputa lavado de dinero en su campaña. Los partidos inconformes han presentado pruebas que buscan ser elementos irrefutables para que el Tribunal Federal Electoral evalúe la posibilidad de declarar inválida la elección presidencial. 

Más allá de la resolución por parte del Tribunal, el dilema de 2012 nuevamente coloca a México frente a sí, con su eterno problema del sufragio que parece no ha podido superar a cabalidad. Con más de 30 años de reformas electorales en donde la preocupación principal fue desterrar el fraude electoral, el olvido monumental e intencional de no dotar al IFE de un cuerpo específico de normas que le permitieran supervisar, vigilar y castigar la operación de los partidos políticos durante la jornada electoral respecto al acarreo, compra y coacción del voto es culpa de toda la clase política, tanto de izquierda, como de derecha y centro..

El fortalecimiento de la democracia procedimental en México se ha dado a partir de las impugnaciones y reclamos de los partidos que han tenido condiciones inequitativas para participar en los procesos, de igual forma la sofisticación de la normatividad electoral ha sido producto de las luchas, objeciones y reclamos que han realizado partidos y candidatos cuando vieron mermados sus derechos políticos o fueron abusados o vejados con mañas electorales. No se entendería de otra forma la evolución del reformismo electoral si no es gracias a estos señalamientos. Resulta indecoroso que ante tal situación, se acuse a los partidos políticos que están señalando estas irregularidades como anti democráticos e incapaces de aceptar el resultado electoral. Es una insensatez pedir que se acepte el resultado sin cuestionar los fallos que presenta el sistema electoral y su sumisa regulación en un tema olvidado pero siempre practicado.

Si la principal preocupación para que hubiera democracia en México fue la de combatir las practicas perniciosas del fraude electoral, ahora la agenda para los siguientes años debe ser la de legislar para evitar la coacción y compra de voto. Esto no tendrá resultados si no se observa con seriedad el tema del financiamiento y rendición de cuentas de los partidos políticos. Esta problemática luce escandalosa en 2012, sin embargo siempre estuvo presente y desde luego el PRI, con ese olfato político que lo caracteriza, entendió rápidamente que era una ruta clandestina y perniciosa a la que se le puede sacar mucho jugo político en un proceso electoral.

  Marco Arellano Toledo

Politólogo

Profesor de Ciencia Política, adscrito al Centro de Estudios Políticos de la FCPyS -UNAM

Twitter: @marellano7