Daniel Higa Alquicira.- Como era de esperarse, el dictamen final por parte del IFE acerca de los resultados de las elecciones presidenciales, ratificó el triunfo de Enrique Peña Nieto como el virtual presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos.

Como era también de esperarse, el competidor más cercano en las votaciones iba a utilizar todos los recursos que las leyes le permiten para tratar de demostrar que existieron irregularidades durante el proceso electoral y que estos pudieron influir en el resultado final.

Estas dos situaciones no tienen nada de extraordinario. El tan predestinado regreso del PRI a Los Pinos con un candidato hecho a la medida de las necesidades mediáticas y por el otro lado, el uso de todos los elementos disponibles con los que cuenta un político experimentado y duro de convencer como lo es AMLO, para recabar información y motivar a los ciudadanos para que denuncien compras de votos por parte del ganador.

Lo que sorprende es la reacción de algún sector de la sociedad que no entiende que las leyes, los reglamentos y las instituciones electorales permiten que un candidato o partido exija incluso el recuento de votos en casillas donde hubo irregularidades.

A esto la gente lo ve como una necedad más de AMLO y lo catalogan como un "mal perdedor", cuando en realidad está ejerciendo su derecho como lo deberíamos hacer todos los ciudadanos en cualquier otra circunstancia.

Esto es un ejemplo más de que la gran mayoría de la sociedad mexicana entiende a la política como un periodo donde hay muchas promesas de campaña y un día en especial hay que ir a votar. Después de esto, no entendemos nada más ni nos interesa nada más de cuestiones políticas. Algo así como cuando a una persona no le gusta el fútbol pero cuando juega la selección mexicana en un mundial, se emociona y actúa como si fuera gran aficionado.

Pero volviendo al punto de la legalidad de las elecciones, en este aspecto no hay nada que discutir. Las leyes son claras para determinar a un ganador y de acuerdo al sistema mexicano, la democracia puede ser representada incluso con un solo voto de diferencia. Es decir, gana el que más votos consigue en las casillas.

Pero hay otro punto y es el más interesante de este proceso electoral: la legitimidad del ganador y del sistema. Los cuadros priístas se escudan en el discurso de que las elecciones fueron limpias y que legalmente EPN es el ganador. Tienen razón en ese sentido pero la pregunta que nos debemos hacer los ciudadanos es la siguiente: ¿es legitima la forma en que actuaron y los métodos que utilizaron para ganar?

Según el Diccionario Crítico de las Ciencias Sociales, "hablar de legitimidad es interrogarse acerca de las razones que tiene la ciudadanía para obedecer al poder". En Ciencia Política, la definición de legitimidad apunta hacia "el concepto con el que se enjuicia la capacidad de un poder para obtener obediencia sin necesidad de recurrir a la coacción que supone la amenaza de la fuerza..."

De acuerdo a estas dos definiciones, cabe pues que algunos sectores de la sociedad consideren ilegítimo al nuevo presidente en tanto que no representa una autoridad moral respetable y  están manifestando este descontento saliendo a las calles y utilizando las redes sociales para organizarse y tratar de ganar adeptos en este sentido.

Pero más allá de enfocar esta ilegitimidad en un personaje -que dada la situación  nos gobernará durante seis años-, el grave problema que demostraron estas elecciones es que en México los grupos del poder actúan como si la sociedad no existiera. Impusieron reglas ideológicas a través de los medios de comunicación y demostraron que en realidad nuestro país, visto desde arriba -es decir, por los ricos y poderosos-, no ha cambiado en lo más mínimo.

Manipular encuestas; firmar contratos millonarios a cambio de campañas mediáticas para crear una imagen y un personaje; comprar votos a través de tarjetas de una tienda de súper mercado; otorgar fondos a través de una institución financiera de muy dudosas prácticas; gastar ostentosamente mucho más dinero de lo que fijan los topes de campaña y  utilizar los viejos -aunque ahora dicen que son renovados- métodos de coacción del voto; sucedieron en estas elecciones y al parecer todo mundo lo vio.

Muchos medios extranjeros -El País, The Washington Post, The New York Times, The Guardian, etc.- en algunas de sus ediciones tocaron estos temas como parte de las elecciones en México. Para cualquier sistema democrático algo de estas acciones pueden parecer ilegítimos; es decir, rompe con las reglas de la competencia y de la ética política, pero en México al parecer, estos actos no son ilegales.

Por qué, porque finalmente no hay una institución ni una autoridad que tenga la posibilidad de castigar verdaderamente a los políticos y los partidos. Tampoco hay una legislación que contemple la anulación de las votaciones si se comprueba que hay este tipo de prácticas y peor aún, lo más que va a pasar es que los partidos tendrán que pagar grandes sumas de dinero como "castigo ejemplar".

De esta manera, existe una distancia enorme entre la capacidad de las instituciones de resolver conflictos sociales y la realidad que apremia en estos momentos al país.

Entramos de nuevo en esa etapa en donde los movimientos sociales toman fuerza, rechazan los métodos que utilizaron los priístas para hacerse del poder, consideran ilegítimo el nuevo gobierno, pero no hay nada que respalde legalmente a los inconformes más que su derecho a expresarse.

Y ahora hay que ver hasta donde pueden transitar en su derecho a expresarse y hasta donde se incrementan las amenazas y agresiones a los miembros de estos grupos.

Estamos a punto de terminar un gobierno que legalmente fue considerado como el ganador del 2006, pero que necesitó legitimar su poder con una estrategia que representaba mostrar el músculo de las fuerzas armadas en las calles del país para iniciar la "lucha contra del crimen organizado", que ha dejado muchos muertos y muchas dudas.

En diciembre empezará otro gobierno que a diferencia del que encabeza Calderón, no tiene el fantasma del fraude electoral pero tiene la pesada carga de ser considerado igualmente ilegítimo por algunos sectores de la sociedad.

Todo porque la democracia en México sigue siendo una realidad manipulable por el poder del dinero y para esto no hay nada que lo pueda combatir (al menos en México, porque en otros países los corruptos caen sin importar el puesto que ocupen...)