Este miércoles el gobierno del presidente Felipe Calderón, a través de su embajador en Japón, Claude Heller, firmó el Acuerdo Comercial contra Falsificación (ACTA), polémico acuerdo que fue rechazado por el Senado de la República y el regulador de telecomunicaciones, Cofetel, ante la restricción a las libertades de internet a nivel mundial.

El documento, que la semana pasada los gobiernos de Europa también se negaran a firmar, fue firmado por el gobierno mexicano con la intención de detener el comercio ilegal de productos piratas, así como la distribución de medios digitales masivos.

En Europa, el pasado 4 de julio, el ACTA fue rechazada por el pleno del Parlamento Europeo, con 478 votos a favor, 39 en contra y 165 abstenciones, logrando el aplazamiento de la votación ante el Tribunal de la Unión Europea ante la tesis de que el ACTA es una respuesta inadecuada ante un problema real ya que contiene demasiadas ambigüedades y abriría camino a atentados en contra de la privacidad de los consumidores, las libertades y la libre circulación de información.

"ACTA es una importante herramienta para promover el empleo y la propiedad intelectual europea (....)  Desgraciadamente el tratado no ha entrado bien en el Parlamento y no se han apreciado sus valiosas aportaciones", destacó Bergamn-Tahon directora de la Federación Europea de Editores citada por el diario español, El País.

En México, el Acuerdo es considerado como inconstitucional y que vulnera el derecho de presunción de inocencia.

Para que el ACTA entre en vigor requiere ser ratificada por al menos seis países involucrados en la negociación entre los que destaca: Estados Unidos, Australia, Marruecos y Japón, siendo México el último en haberlo firmado.