Este miércoles el gobierno mexicano aprobó la firma del Acuerdo Comercial contra la falsificación (ACTA), la cual podría ser el primer paso para restringir los contenidos en internet, atentar a la privacidad de los consumidores y limitar la información en la web.

El ACTA tiene como propósito inicial combatir de manera más eficiente el problema de la falsificación y piratería de material en internet, incluyendo marcas, obras intelectuales, creaciones artísticas y de investigación en busca de la protección de la propiedad intelectual; sin embargo, su aprobación podría atentar contra la libre información y el desarrollo de material no conveniente a ciertas instituciones u organismos.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró que el ACTA no violenta los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales firmados por México, añadiendo que se conformará una legislación secundaria en la que se reforzará los derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la legalidad, la privacidad de datos y el acceso a la información.

El IMPI aseguró que el ACTA no genera un ambiente de monitoreo a las actividades que se realizan de manera regular o cotidiana en internet, ni cuenta con la capacidad de inhabilitar equipos de cómputo o dispositivos de audio o video, sino está diseñada para proveer un margo un marco de observancia y cooperación internacional a favor de la protección la creatividad y el trabajo de los mexicanos.

La decisión tomada por el gobierno del presidente Felipe Calderón causó la indignación de los usuarios en las redes sociales, expresando su repudio contra la firma del ACTA señalándolo como el primer paso para limitar el uso y difusión libre de información relevante para la sociedad y la organización a través de la web.

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