Junio  25, 2012

Conocido por todos, este 1 de julio habrá elecciones en México. Muchos han sido los hitos y mitos de la campaña. Spotización electoral, descalificaciones, campañas de contrastes, debates, odio, amor, rivalidad, irrupción de movimientos sociales, propuestas sostenibles e insostenibles, todo en 90 largos días.

Hace algunos días un corresponsal de Polonia me pidió una entrevista sobre el proceso electoral. Muy temprano, a las 08:00 de la mañana estábamos conversando sobre el mismo. La primera pregunta que me realizó fue muy sugerente: ¿cambia México con las elecciones de julio próximo? ¿Los diferentes candidatos significan diferentes futuros para México?  Presto me dispuse a dar una respuesta categórica: México no cambiará en 6 años, si bien los proyectos políticos de cada candidato y candidata tienen diferencias, matices y contrastan las visiones de país que ellos y sus partidos tienen, ninguno de los tres con posibilidades de ganar cambiará a México radicalmente.

Aunque el eje toral de las campañas en México, haya sido el cambio. Andrés Manuel López Obrador, candidato de las izquierdas promueve un cambio verdadero. Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional nos habla de que México va a cambiar. Y Josefina Vázquez Mota ofrece ser diferente. Ninguno de los tres candidatos está en condiciones de cambiar el país por sí solos. El presidencialismo mexicano ha muerto y con él la posibilidad de que una solo individuo, por las características de su personalidad, imprima un viraje sustancial al país de forma tácita.

Repasando los posibles escenarios con el colega polaco, de lo que significaría que cualquiera de los tres candidatos ganara la presidencia de la República, surgieron algunas pautas de análisis tomadas exclusivamente de lo que los candidatos han ofertado al electorado en campaña, además de recordar algunas líneas de lo que hicieron en sus gestiones pasadas, sean estas como gobernadores, jefes de gobierno o secretarias de Estado.

Un posible gobierno de Josefina Vázquez Mota significaría la consolidación de un proyecto político de derecha en México. Dieciocho años de gobiernos panistas sería una excelente oportunidad de penetrar en la ciudadanía como una opción de gobierno sólida y constructiva. Desafortunadamente, el antecedente de los seis años de Vicente Fox junto con los palos de ciego en materia de seguridad que ha habido en la administración de Felipe Calderón han desencantado a muchos ciudadanos. Si Josefina fuera presidente tendría una  rendición de cuentas gubernamental más estricta incluso, de lo que realizaron Fox y Calderón; ganaría solidez el proceso de consolidación de un federalismo más activo, entregándole los mismos o más recursos a los Gobernadores de los estados. Sería un gobierno de continuidades. Seguramente permanecería una desarticulada política de combate al crimen organizado, con estrategias diferenciadas por estados federados, culpando a los mismos de fracasos y colgándose la medalla en los éxitos. Sin un asertivo trabajo de inteligencia, el esquema de combate al crimen quedaría intacto, quizá con menos intensidad y prescindiendo del mismo en la agenda presidencial. El continuismo y la novatez política del panismo tendrían un tercer capítulo. Ahora más desdibujado, diluido en fragmentos básicos de insensatez, ignorancia e inocencia política. Nuevamente, la última generación de reformas estructurales que México requiere se pospondría, al menos los primeros tres años, pues habría un gobierno dividido y el PAN no tendría la mayoría, pero tampoco la intención ni la pericia para lograr dichas reformas. La cobertura en salud seguiría siendo uno de los logros más significativos y redituables de los gobiernos panistas.

Por otra parte, un gobierno de Enrique Peña Nieto significaría el fortalecimiento del presidencialismo mexicano. Con una potencial mayoría en el Congreso, el posible presidente Peña, trataría de negociar la última generación de reformas en materia fiscal, laboral y de energéticos con un corte neoliberal. La posibilidad de la restauración del antiguo régimen aunque muchos la claman, no sería una realidad, sin embargo, si habría una re edición de la forma de ejercer el poder con un tinte más vertical, ayudado por una estrategia gubernamental unificada, el gobierno de Peña sería el gobierno del orden condicionado. El presidente se convertiría nuevamente en el mediador entre mediadores, tanto a nivel federal, como local. Los recursos a los Gobernadores de los estados estarían condicionados a la agenda presidencial. No se diga de las posibles mediaciones con el crimen organizado a fin de garantizar una paz simulada. En materia de política social, regresarían las políticas públicas con enfoques de gobernanza, tratando de incluir al ciudadano en la toma de decisiones, pero también en la participación política a favor del partido en el gobierno. Seguramente el rol de México en la diplomacia y en la política internacional, sufriría una evolución respecto a lo que se ha visto en los doce años de gobiernos panistas. 

En el caso de Andrés Manuel López Obrador, su gobierno significaría la redefinición de la política social. Específicamente se involucionaría a una política universalista sustituyendo el enfoque focalizado que ha implementado durante doce años los gobiernos panistas. Seguramente saldrían de la franja de pobreza alimentaria alrededor de un 6 millones de personas, de los casi 20 millones que la padecen según el Instituto de Nacional de Estadística y Geografía. Su gobierno sería personalista y carismático. Al no tener la mayoría en el Congreso, el presidente López Obrador tendría un margen de acción menor al de las otras dos opciones presidenciales actuales. Habría un gobierno ampliamente vigilado y entorpecido por los intereses económicos y políticos. Los decretos y vetos presidenciales serían una constante. No se identifica como podría ser la política contra el crimen organizado, ya que él plantea que con trabajo y educación para todos, el crimen se reduciría, lo cual es cierto, pero a largo plazo, no el mediano y ni en el corto. La rendición de cuentas sufriría un estancamiento, si bien no dejaría de garantizarse como hasta ahora, ésta no se extendería a los partidos  políticos o a los sindicatos. El trato con los gobernadores sería de respeto y colaboración. El gobierno de López Obrador sería una plataforma que ayudará a materializar algunas de las propuestas de izquierda más progresistas que él no posee, pero que son inherentes a las personalidades que ha propuesto como su posible gabinete. Sin duda, la preocupación por las franjas de la población que vive en pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial sería el eje del gobierno, aunque los resultados no serían tan impactantes, ya que muchas de las condiciones originarias de la pobreza son estructurales y en seis años es imposible atenderlas de forma radical, sobre todo en contextos de crisis económicas globales en las que México se haya inserto.

Desde luego que existen diferencias importantes en los gobiernos hipotéticos de los tres candidatos que ahora se postulan para la presidencia de México. Sin embargo el país, su riqueza y su pobreza, sus sueños y pesadillas seguirán estando ahí, después de seis años en cualquiera de los tres gobiernos brevemente dibujados. Es por demás necesario exorcizar la idea de que una persona vendrá y todo lo cambiará, esta religiosidad de la política que nos agobia como país y que no permite que los ciudadanos se sientan responsables de los gobiernos que tienen, se debe desterrar. La solidaridad colectiva, la ética ciudadana, la formación de hombres y mujeres libres es una tarea de todos y de todas. Si bien los gobiernos son corresponsables en brindar educación, atender la desigualdad social, construir mecanismos de participación en las esferas política, económica y social, también los ciudadanos deben ser conscientes que hay un llamado para ellos como entes de transformación estructural del país. A ese llamado, hay oídos sordos, hay desdén, displicencia. Ser dubitativos en responder y sumar, puede costarnos el futuro y la sustentabilidad del país en los próximos 50 años. Irrupciones sociales como la del movimiento del poeta Javier Sicilia, o el #YoSoy132 son una muestra de que la construcción colectiva dinamiza las estructuras del poder, camina y deambula por los circuitos más obstruidos de la política.  Hay que nutrir esta y miles de acciones colectivas más, pues la República es nuestra y no de una persona, presidente o presidenta, ni tampoco de un partido o coalición de ellos.

El México del antiguo régimen autoritario se ha desvanecido, hoy tenemos libertades políticas, organismos de transparencia, institutos autónomos que vigilan el voto, que garantiza el acceso a la información pública, bancos centrales que determinan la política monetaria sin tintes políticos, gobiernos federales divididos donde la hegemonía de un partido es inexistente; en México actualmente se puede disentir, divergir, creer y pensar. Si  bien hay mucho por hacer, por perfeccionar y por afinar, las bases de un país más democrático están sentadas, este proceso no debe entorpecerse por la llegada de un nuevo presidente de cualquier partido. El futuro del país está en las manos de los más de 80 millones de mexicanos con mayoría de edad y en los nuevos mexicanos que estamos formando. México cambiará el día en que decidamos que el motor del mismo somos los ciudadanos.

Marco Arellano Toledo

Politólogo

Profesor de Ciencia Política, adscrito al Centro de Estudios Políticos de la FCPyS -UNAM

Twitter: @marellano7