Una corte de Bahréin ordenó un nuevo juicio para Abdulhadi al-Khawaja, quien está en huelga de hambre, y otros 20 hombres que fueron condenados por un tribunal militar por líderar las revueltas pro-democracia del año pasado, pero dictaminó que permanecerán presos hasta que se alcancen nuevos veredictos.

La monarquía musulmana suní aplastó el año pasado las protestas masivas lideradas por la mayoría chií de Bahréin con ayuda militar saudí. Pero el malestar chií ha resurgido, desafiando a los gobernantes, que albergan la Quinta Flota estadounidense como un bastión estratégico contra Irán.

Khawaja, quien con los otros acusados serán juzgados ahora por una corte civil, se ha estado negando a comer desde hace más de dos meses y corre riesgo de morir, dice su familia.

"El tribunal ha ordenado que el juicio se celebre de nuevo y que los testimonios de los testigos de la acusación y la defensa se escuchen otra vez como si se tratara de un nuevo juicio", dijo la agencia de noticias oficial BNA.

"Los fallos de la corte de casación no permiten la liberación de los acusados mientras estén presos durante el primer juicio", agregó.

El abogado defensor Mohammed al-Jishi, quien asistió a la sesión del lunes, dijo que el juez que preside el tribunal señaló que los hombres no podían ser liberados. Grupos de derechos humanos sostienen que deben quedar en libertad sin condiciones.

Se cree que los hombres condenados, de los cuales ninguno apareció en la corte, están entre los cientos de personas que una comisión internacional de derechos humanos dijo en noviembre que fueron torturadas durante un período de ley marcial impuesta para aplastar el levantamiento.

Los hombres fueron condenados por un tribunal militar el año pasado por organizar las protestas lideradas por la mayoría chií que amenazó el control del poder de la monarquía suní.

Ocho del grupo fueron condenados a cadena perpetua, incluyendo a Khawaja y los líderes opositores Hassan Mushaimaa y Abdulwahhab Hussein. Los hombres habían expresado su apoyo para que el Estado del Golfo árabe se convirtiera en una república.

Aunque el Gobierno acusó a los manifestantes de buscar objetivos sectarios chiíes, entre los activistas está el suní Ibrahim Sharif, líder del partido opositor secular Waad. Sharif fue condenado a cinco años de prisión.

Los chiíes se quejan de una discriminación política y económica. El Gobierno lo niega, diciendo que muchos chiíes ocupan puestos oficiales y ayudan a dirigir la economía.