Ecuador cierra negociación Telefónica nueva concesión
Ecuador cerró las negociaciones con la empresa española Telefónica para renovar su concesión de telefonía móvil hasta el 2023, con mayores beneficios económicos para el Estado y para los usuarios del servicio, dijo el miércoles un funcionario.
Telefónica, la segunda mayor compañía de telefonía móvil de Ecuador, aceptó todas las condiciones impuestas por el Gobierno, incluido un canon de concesión de 206 millones de dólares, bajar sus techos tarifarios 22 centavos de dólar y pagar en cuotas una parte del valor durante 15 años, lo que eleva el monto acordado inicialmente con las autoridades.
En tanto, las tratativas con la telefónica mexicana América Móvil, que lidera el mercado móvil de Ecuador, continuarán hasta la próxima semana, debido a que quedan por definir detalles menores del nuevo contrato, luego de que la empresa aceptó acogerse a las condiciones impuestas por el Gobierno.
Los nuevos contratos, que significarán ingresos adicionales al país por unos 700 millones de dólares a valor presente, incluyen cambios que benefician a los usuarios y permiten un mayor control estatal en el mercado móvil ecuatoriano.
"Una vez terminada (la negociación), la decisión será del Consejo de Telecomunicaciones (entidad rectora del sector) y luego se procederá a la firma de los nuevos contratos," dijo el secretario de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, a Reuters.
Los convenios serían firmados el próximo mes.
Telefónica acordó pagar un monto inicial de 60 millones de dólares al momento de firmar el contrato y otros 30 millones luego de un año de estar operando con la nueva concesión.
Por su parte, América Móvil tendrá que entregar al Estado unos 480 millones de dólares, con un aporte inicial de 289 millones de dólar, según Guerrero.
La diferencia del valor acordado con ambas empresas será cancelado con aportes equivalentes al 3,93 por ciento del total de la facturación mensual que obtengan, de los cuales una mínima parte nutrirá un fondo de desarrollo social en el sector de telecomunicaciones.
"El pago de contado de la concesión es un mal negocio para el Estado por la tasa de riesgo. Con el pago prorrogado el Estado se beneficiará aún más porque terminarían pagando en conjunto unos 1.500 millones de dólares," explicó.
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